INSEGURIDAD CIUDADANA A PROPÓSITO DEL
ÚLTIMO INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 

07 de febrero del 2008

En nuestra sociedad el problema de la seguridad ciudadana se revela como grave, no solo debido al índice de criminalidad, sino también por la ineficiencia e insuficiencia del aparato estatal. Las Juntas Vecinales y Rondas Campesinas son una clara manifestación de cómo la urgente necesidad de solución de este problema, hace que la población busque cubrir estas falencias, entrando en conflicto a veces con los mecanismos formales.

En ese sentido, fue creado hace cinco años el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINADEC), el cual ponía en perspectiva la ejecución de un plan nacional descentralizado (a través de un comité nacional y otros tantos regionales y provinciales), y que integrase a distintas entidades del Estado y de la sociedad civil.

Sin embargo, ¿cuáles han sido las metas alcanzadas?, ¿cómo se ha desarrollado el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana?, ¿cuál es su balance? La Defensoría del Pueblo ha publicado recientemente su Informe Defensorial Nº 132: ¿Ciudadanos desprotegidos?: Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; atendiendo a estas preguntas, brindándonos preocupantes respuestas e importantes recomendaciones que es necesario mencionar.

No se pretende hacer aquí una síntesis del mencionado informe, se busca simplemente señalar los datos más trascendentales del mismo, siendo importante mencionar que el trabajo de la Defensoría del Pueblo se realizó en base a información recogida del Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de los 26 comités regionales y de 12 comités provinciales. Empecemos por algunos datos:

  • El 27% de los comités regionales (de 12% no se tiene información) y el 25% de los provinciales no cuentan con Secretaría Técnica.
  • El 76.9% de los comités regionales no elaboraron un Plan de Seguridad Ciudadana.
  • El 50% de comités regionales se ha instalado a la fecha.
  • El 54% de comités regionales y el 67% de los provinciales no han iniciado el proceso de planificación 2008.
  • El 58 % de los comités regionales (de 8% no se tiene información) y el 83.3% de los provinciales no ha promovido actividades de capacitación a la ciudadanía.
  • El 73% de los comités regionales (de 8% no se tiene información) y el 50% de los provinciales no ha promovido la participación de organizaciones en sus sesiones.

En base a esta información es que la Defensoría propone algunas recomendaciones. A continuación las más resaltantes:

  • Promover la participación en el Congreso del Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), a través del debate de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana.
  • El diseño por parte de la CONASEC de políticas que combatan la inseguridad ciudadana, priorizando educación, penas de servicio comunitario, juzgados de paz letrados en comisarías.
  • Institucionalizar y fortalecerlas Secretarías Técnicas de los comités con recursos de Gobiernos Regionales y Municipios.
  • Coordinar con la policía el seguimiento y monitoreo de las acciones que desarrollan juntas vecinales de seguridad ciudadana, propiciando la participación ciudadana y favoreciendo una relación cercana entre la policía y la ciudadanía.

Sin duda los números son alarmantes. Resulta difícil asimilar que después de cinco años de creado el SINASEC, no todos los comités cuentan con una secretaría técnica (órgano técnico ejecutivo) o que no estén instalados, y aún más que el 76.9% de comités regionales no tengan un Plan de Seguridad Ciudadana.

La consecuencia principal, además del aumento objetivo de la inseguridad, es la pérdida de confianza y la deslegitimación ante la población de las autoridades públicas, lo que mella los intentos de cooperación e integración entre ambos. Las recomendaciones defensoriales nos generan la expectativa del cambio, pero debemos ser también concientes que su aplicación amerita que sean rigurosamente monitoreadas.

Debemos mencionar además que otro componente agravante que no pertenece exclusivamente a este tema, es cómo las políticas o acciones públicas no llegan a ser políticas de Estado, sino de gobierno, es decir, que cambian con cada traslado del mando político; impidiendo un desarrollo sostenido y coherente de un mismo plan.

Finalmente, es necesario reconocer también el trabajo que se plasma en este informe, que nos muestra objetivamente la real situación en que se encuentra un conjunto de planes y políticas que si bien son prolíficas en el discurso, son escasas en los hechos.
(Aarón Verona Badajoz)